El trono del “Rey del Corrido” tiembla. Gerardo Ortiz, la voz que ha puesto banda sonora a polémicas y excesos, ahora enfrenta el eco de sus decisiones en un tribunal federal de California. Su testimonio, pieza clave en el juicio contra el productor Ángel del Villar, ha desenterrado una red de conciertos millonarios y vínculos peligrosos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La fiscalía acusa: 1.5 millones de dólares manchados de narco, pagos por presentaciones que desafiaron las advertencias del FBI. Ortiz, entre la espada y la pared, se declara culpable de conspiración, pero su abogado niega tratos directos con el cartel. La sombra de la Ley Kingpin, que castiga los lazos con el narcotráfico, se cierne sobre el cantante.
“Gracias a los fans por preocuparse”, dice Ortiz, con una calma que desafía la tormenta legal. Pero su silencio sobre los detalles solo aviva las especulaciones. ¿Víctima o cómplice? La pregunta resuena en la industria musical, mientras la disquera DEL Records, propiedad de Del Villar, también es investigada por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El regional mexicano contiene el aliento. El futuro de Ortiz, con una posible condena de 10 años de prisión y una multa de 1 millón de dólares, podría marcar un antes y un después en el género.
