La administración Trump ha puesto en la mira a los cantantes de ‘narcocorridos’ mexicanos, amenazando con revocar sus visas para ingresar a Estados Unidos. La justificación: difundir y apoyar las actividades de grupos criminales, equiparándolos a organizaciones terroristas.
Esta medida ya afectó a la banda Alegres del Barranco, cuyas visas fueron canceladas tras mostrar imágenes del líder del CJNG, “El Mencho”, en un concierto. Fuentes cercanas al gobierno estadounidense revelaron a medios que cualquier persona que difunda o respalde a cárteles podría correr la misma suerte, sumándose a las más de 800 visas ya revocadas en los últimos dos meses y medio, dirigidas también a estudiantes pro-Palestina y ciudadanos de ciertos países.
Figuras populares del género como Peso Pluma, Grupo Firme, Natanael Cano, Edgardo Núñez, Jr. Salazar y La Barranqueña de Mazatlán se encuentran ahora bajo la lupa. Las letras de sus canciones, que a menudo detallan hazañas delictivas y estilos de vida ostentosos de miembros del crimen organizado, son consideradas por Washington como una forma de enaltecimiento.
El secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Cristopher Landau han defendido enérgicamente esta postura, argumentando que las visas son un “privilegio” y no un derecho, y que Estados Unidos no extenderá una “alfombra roja” a quienes glorifican a criminales y terroristas. Landau fue explícito al señalar que la libertad de expresión no está exenta de consecuencias.
Aunque la información contenida en los ‘narcocorridos’ ha llegado a ser utilizada por inteligencia mexicana para la captura de criminales, como en el caso de “El Piyi”, la administración Trump considera que su difusión en territorio estadounidense representa un riesgo.
Esta ofensiva contra los cantantes de ‘narcocorridos’ se enmarca en una política más amplia de la administración Trump de endurecer los criterios para la concesión y revocación de visas, utilizando el argumento de la seguridad nacional. Esta estrategia ha generado controversia y críticas, al ser vista por algunos como una herramienta para perseguir opositores y restringir la libertad de expresión, tal como ha ocurrido con estudiantes activistas y ciudadanos de países con los que Estados Unidos tiene tensiones diplomáticas.
La Alianza de Presidentes de Educación Superior e Inmigración ha expresado su preocupación por la “atmósfera de miedo” generada por estas acciones, que amenazan la libertad académica e inhiben la libre expresión. Casos recientes de revocación de visas a estudiantes universitarios por su activismo pro-Palestina han encendido las alarmas en numerosas instituciones educativas.
La potestad del gobierno estadounidense para revocar visas es amplia, amparándose en la Ley de Nacionalidad e Inmigración y el principio de que las visas son un “beneficio” y no un “derecho”. Si bien quienes se encuentran fuera del país no tienen recurso legal contra la negación de una visa, aquellos que ya están en territorio estadounidense pueden apelar si consideran que la revocación viola sus derechos, especialmente la libertad de expresión o si su retorno a su país de origen representa un peligro para su vida.
La incertidumbre se cierne ahora sobre el futuro de los conciertos de ‘narcocorridos’ en Estados Unidos, dejando a muchos artistas y fanáticos a la expectativa de las próximas decisiones de la administración Trump. La línea entre la expresión cultural y la apología del crimen se ha convertido en un debate central en esta nueva ofensiva migratoria.
