El mundo de los corridos se ha visto envuelto en un caso judicial de alto perfil, donde el reconocido cantante Gerardo Ortiz logró esquivar la prisión gracias a una polémica colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). La situación, que ha puesto en el punto de mira las conexiones entre la industria musical y el crimen organizado, culminó con Ortiz convirtiéndose en un testigo clave contra su ex mánager y fundador de Del Records, José Ángel del Villar.
El escándalo se originó en 2018, cuando Ortiz realizó una serie de conciertos en México. Estos eventos fueron organizados por Del Records en asociación con la firma mexicana Gallística Diamante, una compañía que, según el Departamento del Tesoro de EE. UU., servía como fachada para lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A pesar de las advertencias del FBI, Ortiz y su disquera habrían recibido una suma cercana a 1.5 millones de dólares por estas presentaciones. Uno de los conciertos más destacados tuvo lugar en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, un evento que el cantante llevó a cabo a pesar de las alarmas de las autoridades federales.
El destino de Gerardo Ortiz y su ex mánager tomó rumbos opuestos cuando el caso llegó a los tribunales. Acusado de conspiración por violar la Ley Kingpin, Ortiz tomó la decisión estratégica de cooperar con el gobierno estadounidense. Se declaró culpable y, a cambio, se convirtió en un informante.
Esta postura contrasta drásticamente con la de José Ángel del Villar. Su ex mánager se negó rotundamente a colaborar, llegando a declarar que prefería ir a prisión antes que ser un informante. La cooperación de Ortiz fue crucial: su testimonio y pruebas se convirtieron en la pieza central que llevó a la condena de Del Villar por 11 cargos, incluyendo la violación de la Ley Kingpin y conspiración para realizar transacciones con narcotraficantes.
Durante el juicio, Ortiz testificó que fue Del Villar quien insistió en llevar a cabo los conciertos, incluso después de las advertencias federales. Según el cantante, él mismo había cancelado su vuelo, pero su entonces representante lo presionó para que cumpliera con las presentaciones.
Como resultado de su cooperación, Gerardo Ortiz pagó una fianza de 10,000 dólares y se encuentra en libertad. Su audiencia de sentencia está programada para el 19 de noviembre de 2025. La confianza en que evitará la cárcel es tal que ya tiene programado un concierto en Texas apenas cuatro días después de su audiencia.
Mientras tanto, José Ángel del Villar fue declarado culpable en marzo de 2025 y enfrenta una solicitud fiscal de 78 meses de prisión (seis años y medio), además de una multa de 300,000 dólares. La sentencia de Del Villar está programada para el 15 de agosto de 2025.
El caso de Gerardo Ortiz y José Ángel del Villar no solo expone las intrincadas redes financieras entre el mundo del espectáculo y las organizaciones criminales, sino que también subraya cómo las autoridades estadounidenses utilizan la colaboración de figuras públicas para desmantelar estas estructuras. Es una historia que revela el alto costo de hacer negocios con el crimen, y cómo una decisión puede separar la libertad de la cárcel.
