“Abogados”, que incluso no cuentan con cédula, se inscribieron para ser magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), según lo evidenció la organización no gubernamental “Morelos Rinde Cuentas”.
Tras reiterar su crítica al Congreso por la falta de transparencia del proceso de designación de diez magistraturas, que incluye la publicidad de los currículums de los participantes, la organización se ocupó de investigar el perfil de los 148 abogados inscritos en las dos convocatorias; una para designar a 7 magistrados y magistradas en las vacantes que actualmente tiene el Pleno del Tribunal, y otra para tres magistraturas para la sala de reciente creación para Cuautla.
Encontró que los aspirantes son 68 mujeres y 80 hombres, en su mayoría, inscritos en ambas convocatorias.
De los 148, la mayoría, 76, cuenta con cédula de maestría; 32, con cédula de doctorado, pero, aunque el principal requisito para aspirar al máximo cargo en el sistema judicial es que sean licenciados en derecho y cuenten con título y cédula con una antigüedad mínima de diez años, Morelos Rinde Cuentas reveló que dos aspirantes se presentaron al concurso, y su registro les fue aceptado, a pesar de no tener la cédula profesional.
Además, encontró que 25 candidatos tienen un vínculo partidista tras haber sido candidatos, ser, o haber sido, militantes o trabajar para un instituto político; de estos, dos fueron presidentes de un partido político, y tres fueron electos diputados locales, y uno senador.
El pasado lunes, las asociaciones de abogados del Estado se unieron para exigir que los nuevos magistrados tengan carrera judicial, y Morelos Rinde Cuentas señaló en su análisis que de los 148 aspirantes, sólo 54, es decir, el 36.5%, demostraron cumplir con ese requisito, mientras que, en contraste, 47 candidatos, el 31.8% tiene probable conflicto de interés por trabajo o por vínculos familiares con los diputados, principalmente los que conforman el llamado G15.
Ante la negativa del Congreso de transparentar el perfil, la entrevista y el ensayo de los candidatos, la organización por la transparencia apoyó su análisis en información recabada en las bases de datos de la Secretaría de Educación Pública, el padrón de militantes de los partidos políticos y búsquedas propios en Internet.
