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Buscan echar abajo un bono millonario


Un grupo de ciudadanos informados presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía (JDC) mediante el que solicitan que se eche abajo, o se deje sin efectos el acuerdo con el que los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) se autorizaron el pago de un millonario bono de retiro.
Consideran que la acción es ofensiva y alevosa, porque los consejeros en lugar “de promover la participación ciudadana de forma real, amplia, decidida y justa”, están actuando solo en su beneficio personal.
“Solicitamos al Tribunal que resuelva –el juicio- pensando en los derechos electorales de las y los morelenses y no permita que se violenten nuestros derechos”, señalaron los inconformes en voz de Roberto Salinas.
“Esto lo estamos generando ciudadanas y ciudadanos, porque estamos inconformes con los consejeros del Impepac, de aprobarse un bono, que afecta la participación; el Instituto ha hecho muy poco en el tema con el argumento de no tener presupuesto, pero ahora se autorizan un bono de retiro millonario”, expuso el activista.
El juicio fue interpuesto el jueves anterior con la finalidad de que se eche abajo el acuerdo y que los recursos que los consejeros buscan otorgarse sean destinados a la promoción de la participación ciudadana, agregó.

No ven justificación

Karina Vara dijo que no se justifica el aumento que se autorizaron, sobre todo en un momento de crisis económica por la inflación en el país. “Creo que no hay justificación alguna, incluso ellos ni siquiera dieron una justificación a una acción abusiva”, apuntó.
Los inconformes recordaron que en días pasados el Impepac aprobó aumentar el bono de retiro de un mes de salario por cada año de servicio a tres meses, lo que tendría un importe de 1 millón 650 mil pesos, y 1 millón 800 mil pesos para consejeros y consejera presidenta.
Detallaron que a esta cantidad se agrega el finiquito que contempla la Ley del Servicio Civil de tres meses de sueldo, más los 20 días por cada año trabajado.
Cabe recordar que el próximo año concluirán su periodo los consejeros Enrique Pérez, Isabel Guadarrama y Javier Casas, autores de la propuesta de acuerdo para modificar el artículo 50 Bis del reglamento interno.

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