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Congreso de Morelos frena destitución de tres alcaldes; “pesa más el voto popular”


Cuernavaca.- El Congreso del Estado analiza con lupa la solicitud para remover de sus cargos a tres presidentes municipales de la entidad. Los implicados enfrentan serios problemas legales debido a deudas acumuladas por juicios laborales perdidos.

La petición fue promovida formalmente por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Esta institución exige la separación inmediata de los alcaldes de Tlaquiltenango, Xoxocotla y Zacualpan de Amilpas por el incumplimiento de pagos a exenpleados.

El peso del voto de los ciudadanos

Ante este panorama, el diputado Rafael Reyes Reyes, coordinador de los legisladores de Morena, enfrió las expectativas de una salida rápida. El legislador afirmó que la voluntad de los ciudadanos en las urnas es prioritaria en estos casos.

El líder parlamentario recordó un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicado previamente en Cuernavaca. Según este principio legal, la elección democrática de un gobernante tiene mayor fuerza jurídica que la orden de un tribunal local.

Revisión a fondo en el Congreso

Los presidentes municipales en la mira son Enrique Alonso Plascencia, José Carlos Jiménez Ponciano y Marino Santibáñez Alonso. Todos ellos se mantienen en funciones mientras el Poder Legislativo define el camino legal a seguir.

Reyes Reyes reconoció que los diputados locales sí tienen la facultad constitucional para destituir a los funcionarios. Sin embargo, advirtió que una decisión de tal magnitud no puede tomarse a la ligera ni por presiones políticas.

Buscan respaldo de expertos jurídicos

Para garantizar una resolución sólida, el Congreso del Estado solicitará la intervención de especialistas en derecho constitucional. El objetivo es analizar los alcances reales de la petición enviada por el TJA y evitar errores procesales.

Los legisladores locales revisarán detalladamente los expedientes y las motivaciones de cada caso. La prioridad de la actual legislatura será mantener la estabilidad política en los municipios afectados sin violar las leyes vigentes.

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