Aún no hay claridad sobre el momento en que un violentador quedará impedido para participar en el próximo proceso electoral, tras la aprobación y promulgación de validez de la reforma 3 de 3 contra la violencia, indicó el senador Sergio Pérez Flores.
El legislador dijo que la reforma es clara al señalar que ningún deudor de pensión alimenticia, acosador o agresor sexual, o maltratador de mujeres, aspire a tener un cargo de elección popular o cargo por designación en la administración pública.
El pasado miércoles, tras la votación a favor de la reforma constitucional, por parte de los congresos estatales, el Senado hizo la declaración de validez.
Falta que el decreto sea promulgado por el presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que adquiera vigencia.
El senador morelense declaró ayer que la nueva legislación tendrá efectos para el próximo proceso electoral, pero dijo desconocer cómo aplicará exactamente.
Indicó que es un hecho que las personas que cuenten con una sentencia, resolución o declaratoria, en cualquiera de las modalidades de violencia que se señalan estarán impedidos para participar.
Pero consideró que aún falta determinar por cuánto tiempo estarán, y si la enmienda aplicará para quienes ya cuenten con una sentencia o para quienes la tengan a partir de la vigencia del decreto.
El Senador consideró que esas precisiones deben haberse establecido en los artículos transitorios del decreto que fue aprobado, aunque reconoció no tenerlas presentes.
El decreto aún no ha sido publicado en el DOF, lo cual deberá ocurrir a más tardar el proximo 31 de mayo, para que sea válido para el proceso electoral 2023-2024, el cual iniciará en la primera semana de septiembre.
