Ante la queja por el traslado de internos del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos a otros centros ubicados en el país, Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se revisaran los casos, pero se tomó la decisión porque eran generadoras de violencia.
Tras la inconformidad de varias familias que exigen el regreso a su lugar de origen para terminar de cumplir sus condenas, Urrutia Lozano señaló que la dependencia está revisando la situación de los traslados de personas privadas de la libertad (PPL) desde el Centro de Readaptación Social (CERESO) Morelos hacia otros centros penitenciarios del país.
La medida se tomó a finales de la administración pasada y fueron 180 personas que fueron enviadas, debido a la alta peligrosidad de algunos internos, así como para garantizar la seguridad tanto de la población como de los propios reclusos.
Urrutia Lozano explicó que el traslado penitenciario no es una decisión menor y se realiza únicamente en casos donde la peligrosidad de los individuos así lo amerita. Sin embargo, señaló que varios de estos movimientos se están revisando debido a que los expedientes correspondientes, integrados en la administración anterior, presentan inconsistencias legales.
El secretario destacó que muchos de los expedientes de traslado fueron mal integrados, lo que podría generar el retorno de algunos internos al CERESO Morelos si se demuestra que el procedimiento fue incorrecto o que hubo alguna violación a sus derechos. “Es una situación que lleva un riesgo tanto para la población como para las personas privadas de la libertad, ya que muchos de estos individuos eran generadores de violencia”, enfatizó.
Actualmente, la SSPC está evaluando cada caso para determinar el curso de acción adecuado. En algunos casos, el regreso de los reclusos podría ordenarse debido a errores administrativos o legales en la documentación que justificó su traslado.
Urrutia Lozano aseguró que los familiares de los internos serán atendidos de manera adecuada y se les proporcionará información clara sobre el estado de cada expediente. Para ello, recibirán números de folio y comprobantes que respalden los ingresos o movimientos realizados.
“El análisis continúa y atenderemos a los familiares para que tengan la información necesaria. Sin embargo, la decisión final estará fundamentada en la correcta integración de los expedientes y en el cumplimiento de los procedimientos legales”, concluyó Urrutia Lozano.
