La propuesta de reforma para dar certeza jurídica a la portación de armas de fuego a comunidades rurales, deberá ser analizada profundamente en todos sus matices, aseguró la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).
Tras la reciente presentación de la reforma por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el propósito de dar certeza jurídica a la portación de armas de fuego para jornaleros, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, avecindados, así como pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la CIDHM expresó que es necesario un análisis exhaustivo. Según la organización, la información proporcionada por el Congreso de la Unión deja varios temas ambiguos.
En entrevista, José Martínez Cruz, integrante de la CIDHM, señaló: “Por un lado, es necesario que exista certeza jurídica para que los pueblos y comunidades, cuando se vean obligados a crear grupos de autodefensa, puedan contar con la legalidad necesaria para que no sean criminalizados por las autoridades de la defensa nacional o la policía”, refiriéndose a casos como el del poblado de Ocotepec, en Cuernavaca, donde opera una ronda de vigilancia comunitaria y han tenido problemáticas por el uso de armas de fuego.
A nivel nacional, Martínez Cruz expuso las situaciones que enfrentan las comunidades indígenas, como en Chiapas, donde muchas comunidades se están armando y formando sus propios grupos de autodefensa, además de los ya existentes, como el EZLN, que ha tenido armas desde 1994, las policías comunitarias en Guerrero, o los grupos de autodefensa en Michoacán.
“Es esencial revisar la fundamentación de la propuesta, en particular los alcances de la misma. Debe haber un diagnóstico y una justificación que aún no se ha hecho pública”, insistió Martínez Cruz.