El secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado y el Almirante Ret. José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado Estatal de Seguridad Pública, reiteraron que el estado de Morelos se mantiene alineado al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual es una política pública establecida por la federación que fortalece los mecanismos de coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno que participan en la construcción de paz y seguridad en el territorio nacional.
En este sentido, Ortiz Guarneros refirió que los señalamientos hechos por el diputado plurinominal de la LV Legislatura, Julio César Solís Serrano, critican una instrucción presidencial y ofenden a las instituciones federales y estatales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.
Y cuestionó el actuar del legislador durante su encargo como titular de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado; al tiempo que, lo retó a que en un lapso no mayor a 30 días gestione el recurso económico para aumentar el salario de las y los policías, así como para incrementar sus prestaciones.
“Yo le doy a él 30 días para que consiga los recursos para aumentarle el salario a los policías, 30 días para que consiga la asistencia social que debe tener un policía, un Centro de Desarrollo Infantil, becas para sus hijos e hijas y contar con más policías para que no estén 24 por 24, las tropas deben estar en tres condiciones: operando, capacitándose y disfrutando vacaciones como cualquier colaborador. Lo reto a que me de contestación en 30 días”, señaló.
El titular de la Seguridad Pública apuntó que la dependencia a su cargo ha trabajado y dado resultados en materia de prevención del delito y fomento de la cultura de denuncia; resaltando importantes detenciones de personajes que desestabilizaban a la entidad; la estrategia de SeguriChat y la instalación de cámaras de videovigilancia en algunas demarcaciones, entre otras.
“Desde que llegamos a la fecha hemos logrado 98 mil 548 detenciones, no creo que este señor pueda tener algo comparado con lo que hacemos nosotros; con mucho gusto me puedo sentar con él y atender punto por punto, porque ya basta que esté aprovechando La Casa del Pueblo para estar ofendiendo sin bases”, manifestó.
En su intervención, el secretario de Gobierno señaló que hasta el momento el Ejecutivo Estatal sólo ha sido notificado formalmente del retiro anticipado de los magistrados y será el área jurídica quien analice los instrumentos para posteriormente dar el seguimiento correspondiente.
“No podemos adelantarnos en relación a esos instrumentos hasta conocerlos y jurídicamente ver la viabilidad de los mismos. Y de ser considerado previo a análisis se tomará la determinación que considere el Poder Ejecutivo”, apuntó.
Por otra parte, indicó que, sobre las auditorías aprobadas por el Poder Legislativo, únicamente se tiene conocimiento por lo que ha trascendido en medios de comunicación y no de manera formal.
Finalmente, ambos funcionarios reiteraron que en Morelos se trabaja de manera permanente para reducir los índices de inseguridad manteniendo el mismo principio rector de la Estrategia Nacional de Seguridad “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz sesionaron ayer por la mañana de manera presencial en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde recibieron a las autoridades representantes en Morelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para abordar problemáticas ambientales que se presentan en zonas boscosas de la entidad.
Asimismo, se presentó el parte de novedades de las últimas 24 horas en materia de seguridad y se dio a conocer el avance del programa piloto para supervisar los establecimientos mercantiles que realizan gestión de trámites de licencias, placas y permisos vehiculares del estado de Guerrero.
Durante la reunión, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, convocó a seguir trabajando en la reconstrucción del tejido social y la recuperación de las condiciones de bienestar social mediante el fortalecimiento interinstitucional para prevenir el delito, la violencia y fomentar la cultura de la denuncia.