Tras una votación fallida y tres recesos, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sigue sin definir quién será su próximo presidente, por lo que a las 9:00 horas de hoy se reanudará la sesión.
Luego de que el Congreso del Estado avaló la terna para elegir al próximo representante del Poder Judicial, los magistrados sesionaron y emitieron una votación, pero sin alcanzar los votos necesarios.
Ayer por la mañana, el Congreso aprobó, por unanimidad, la terna de aspirantes a la presidencia del TSJ, en cumplimiento del Decreto 165 que establece la renovación de dicho cargo. La terna fue integrada por los magistrados María del Carmen Aquino Celis, Nancy Giovanna Montero Mercado y Javier Mújica Díaz.
La validación legislativa se realizó en sesión ordinaria, en la cual no fue necesario mayor trámite parlamentario, ya que, según el Congreso, el procedimiento fue establecido para garantizar una transición expedita en la cúpula del Poder Judicial.
La Junta Política y de Gobierno del Congreso fue la encargada de presentar el acuerdo que permitió someter a votación el dictamen correspondiente.
Una vez avalada por el Poder Legislativo, la terna fue devuelta al Pleno del TSJ.
Por la tarde, se convocó a sesión extraordinaria para elegir a quien será su próximo presidente. En una primera votación, la magistrada Nancy Giovanna Montero obtuvo la mayoría de votos, seguida de Javier Mújica Díaz; además, hubo una abstención.
Al no obtener ninguno de los magistrados los 15 votos necesarios, se solicitó un receso de una hora. Al reanudar la sesión, ya por la noche, volvieron a decretar otro receso. En un segundo intento para continuar con la sesión, los 22 magistrados acordaron extender el receso hasta las 9:00 horas de hoy.
La falta de acuerdos entre los integrantes del Pleno impidió realizar la designación, por lo que se espera que continúen las negociaciones para estar en condiciones de elegir a su presidente, quien ocupará el cargo hasta el 31 de agosto de 2027 y tendrá la responsabilidad de encabezar el proceso de transición y entrega institucional del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto por el decreto en vigor.
Con el compromiso firme de “no permitir que el miedo controle nuestras calles”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, anunció que se presentará al Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Morelos para fortalecer el combate contra la extorsión y otras prácticas delictivas que siembran terror en la población, como la colocación de ‘narco mantas’ o ‘narco mensajes’.
La propuesta contempla tipificar como extorsión equiparada aquellas conductas cometidas en flagrancia que contribuyen directa o indirectamente a la consumación y encubrimiento de este delito, con el fin de cerrar vacíos legales que hoy permiten a muchos implicados evadir la justicia. “Con esta reforma buscamos proteger a comerciantes, emprendedores y familias trabajadoras que viven bajo el asedio de grupos criminales”, explicó el secretario.
Además, como parte de la Estrategia Estatal de Seguridad, la iniciativa prevé castigar con mayor severidad la colocación de “narcomantas” o mensajes intimidatorios usados por grupos delictivos, así como la exhibición o difusión de restos humanos, prácticas que se pretende tipificar como formas agravadas de homicidio.
Urrutia Lozano destacó que estas reformas dotarán a las autoridades de seguridad y justicia de herramientas más sólidas para enfrentar al crimen organizado. “La ciudadanía morelense merece vivir segura y sin miedo. Con estas normas jurídicas estamos construyendo un muro legal contra el horror y la impunidad”, afirmó.
La SSPC reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con el Congreso del Estado para que estas modificaciones al marco legal sean discutidas y aprobadas en beneficio de la paz social en Morelos.
