La Asociación de Agentes y ex Agentes del Ministerio Público asegura que hay condiciones legales para que Uriel Carmona Gándara concluya de forma anticipada su pe- riodo al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El representante de la agrupación, Omar Alexander López Ortiz, señaló que no es necesario que haya una sentencia contra el fiscal para que el jefe del Ejecutivo estatal presente al Congreso la terna para el nombramiento de un sucesor.
Pero antes de eso, el Congreso debe aprobar el decreto de la terminación de su periodo, en los términos que lo establecen la Constitución y la propia Ley Orgánica de la Fiscalía.
López Ortiz puntualizó que, legalmente, ningún
puede estar por encima de la Carta Magna del Estado, como máxima ley, y en este sentido actualmente es una realidad que hay una ausencia injustificada del titular de la dependencia.
Por lo que, el planteamiento de la Asociación de Agentes y ex Agentes del Ministerio Público es que haya una puntual aplicación del marco normativo vigente en el Estado, y lo que corresponde el Congreso, por iniciativa propia, o a petición del Gobernador, apruebe el decreto por el que Uriel Carmona Gándara deja de ser fiscal y se integre la terna para el nombramiento del nuevo titular de la FGE, subrayó el ex Ministerio Público.
“Nosotros nos referimos a la correcta aplicación de la Ley, y la única posibilidad que vemos, es que el Ejecutivo haga la solicitud de la remoción del fiscal. No existe en este momento, en nuestra opinión, otra figura”, expuso y añadió que “lo cierto es que hay una causa injustificada de su ausencia y la Ley Orgánica dice que en su ausencia podrá ser removido”.
“La vinculación a proceso y la medida cautelar le impiden ejercer sus funciones, y ese tendría que ser el argumento del Ejecutivo para hacer la solicitud”, insistió.
Agregó que los legisladores tendrían que ser muy responsables para actuar en consecuencia sin politizar el asunto para evitar que la Fiscalía opere con un encargado de despacho por tiempo indeterminado y la ciudadanía no tenga la debida certeza de la actuación de la institución.
Con base en su experiencia, consideró que por lo menos le llevará un año al fiscal aclarar su situación.
