El accidente registrado la tarde de este martes en la zona norte de Cuernavaca, donde una ruta Interescolar se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple con saldo de al menos 19 personas lesionadas, volvió a evidenciar la urgencia de modernizar el transporte público en la entidad, un proceso al que los concesionarios se han resistido de manera sistemática.
El percance ocurrió sobre la Avenida Vicente Guerrero, en el cruce con Apolo XI, límite entre las colonias Lomas de la Selva y Recursos Hidráulicos, donde la unidad de transporte público que circulaba con dirección al sur perdió el control e impactó a cinco vehículos que se encontraban en la vialidad, generando cuantiosos daños materiales.
De acuerdo con los primeros reportes, tras el choque se desplegó un operativo de emergencia para atender a los pasajeros y conductores afectados. En total, 19 personas resultaron lesionadas; de ellas, una registró heridas en cráneo y una fractura expuesta en una de sus extremidades. El conductor de uno de los autos que fueron impactados por la unidad del transporte público fue traslado de manera urgente a un hospital.
Este hecho no es aislado. Apenas el 31 de diciembre de 2025, una unidad de la Ruta 10 se volcó en la Avenida Plan de Ayala, a la altura de Teopanzolco, dejando entre 10 y 13 personas lesionadas. A ello se suman accidentes menores que se registran de forma constante en la zona metropolitana y otros municipios del estado, la mayoría asociados al exceso de velocidad, fallas mecánicas y la falta de mantenimiento de unidades que han rebasado su vida útil.
Autoridades han señalado que estos siniestros son consecuencia directa de un modelo de transporte público obsoleto, basado en el esquema hombre-camión, que prioriza la competencia por el pasaje sobre la seguridad de los usuarios.
Esta problemática contrasta con lo establecido en la nueva Ley General de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado de Morelos, impulsada por el Poder Ejecutivo y ya aprobada por el Congreso local, la cual plantea la transición hacia un modelo empresa-camión y la modernización integral del servicio.
No obstante, pese al marco legal vigente y a los recurrentes accidentes, los concesionarios del transporte público continúan oponiéndose a dicho cambio. La negativa a renovar unidades, profesionalizar la operación y adoptar un sistema moderno mantiene en riesgo permanente a miles de usuarios, mientras los hechos, como el ocurrido este martes, siguen acumulándose como evidencia de una crisis que no admite más postergaciones.
