El desmantelamiento del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) no pone en riesgo la operación del Sistema Estatal Anticorrupción, pero sí se requiere que el Congreso defina la ruta a seguir
El desmantelamiento del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) no pone en riesgo la operación del Sistema Estatal Anticorrupción, pero sí se requiere que el Congreso defina la ruta a seguir