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Piden incentivo ante incapacidad del Ayuntamiento de Cuernavaca


En 2022, los comerciantes formales pagaron al Ayuntamiento de Cuernavaca el importe correspondiente al derecho por el dictamen anual de Protección Civil, pero el área no tuvo capacidad operativa y nunca realizó las inspecciones; ahora, a través de las cámaras empresariales, buscan llegar a un acuerdo con la autoridad municipal para que el pago que realizaron en 2022 les sea tomado en cuenta en este año.

Los representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y de la Cámara Nacional de la Industria de restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Antonio Sánchez Purón, Rodrigo López Laguardia y Griselda Hurtado Calderón, respectivamente, se reunieron con el regidor del partido Morena, Jesús Rosales Puebla, para analizar la viabilidad de que el Cabildo autorice un incentivo fiscal, con el que quede salvado el ingreso por este concepto en la Ley de Ingresos 2023.

El presidente del CCE, Antonio Sánchez Purón, dijo que así como el municipio autorizó incentivos fiscales para el comercio ambulante, fijo y semifijo, puede autorizar que, ante la omisión del año pasado de cumplir con las inspecciones de Protección Civil, este año los comerciantes formales solo paguen el 10% del importe por el derecho anual.

Lo anterior equivale a que, el Cabildo apruebe un acuerdo mediante el cual se otorgue al comercio establecido un incentivo fiscal del 90% en el pago del derecho por el dictamen.

“Hemos estado buscando que se nos condone el 90% de los pagos, igual como se dio con el comercio informal; el cumplimiento de las medidas de protección civil no está a discusión, sabemos que tenemos que hacerlo por seguridad nuestra, de nuestros empleados y clientes, pero la cuestión económica es la que nos afecta”, declaró, sobre todo cuando el municipio tuvo recaudación en 2022 por estos derechos, pero no llevó a cabo las inspecciones, señaló Sánchez Purón.

La reunión de trabajo con el regidor fue seguimiento de dos reuniones anteriores en las que el sector empresarial ha pedido al gobierno capitalino encontrar una solución a la controversia.

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