La manifestación de los trabajadores de Puente de Ixtla por falta de recursos económicos no es la primera que llevan a cabo en la capital del Estado, ni el municipio es el único que enfrenta problemas financieros.
Al cierre del periodo 2015-2018, los gobiernos municipales salientes heredaron una deuda global por más de 1,500 millones de pesos, de los cuales dos terceras partes eran bancarias, y la restante se dividía entre pasivos laborales y de proveeduría.
Ante una supuesta insuficiencia financiera, la mayoría de los alcaldes ha dado prioridad al pago bancario, y ha sorteado, entre controversias constitucionales y juicios de amparo, la falta de pago de sentencias ejecutorias por laudos y acreedores.
Hace un año, la “crisis” económica se agudizó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente se pronunció sobre el cobro a los ciudadanos, el Impuesto Adicional era ilegal, y fue declarado inconstitucional e incobrable en adelante.
Todos los ediles pusieron “el grito en el cielo” y sus manifestaciones de inconformidad y de auxilio al Congreso iniciaron, sustentadas en deudas heredadas y en recortes al presupuesto federal que a finales de 2019 se anunciaba.
Sentencias de laudos
Los diputados no atendieron el auxilio y a lo largo de este año, el riesgo de destitución del cargo por desacato se materializó en Cuautla y Zacatepec por sentencias laborales incumplidas.
El alcalde de Puente de Ixtla, Mario Ocampo no ha escapado a ese riesgo, y las sentencias de pago a ex trabajadores que demandaron por supuesto despido injustificado lo ha perseguido.
En marzo pasado encabezó la primera protesta en el Congreso por riesgo de colapso financiero y demandó la transferencia del porcentaje de deuda al naciente municipio de Xoxocotla, después de que Puente de Ixtla es el municipio con la 4ª mayor deuda bancaria, tras la contratación en 2011 y 2017 de dos préstamos por 45 y 67 mdp, y en noviembre declaró la “quiebra” del ayuntamiento por una deuda global de 200 millones.
Pese al complejo escenario, en mayo de 2018, el gobierno que encabezó Dulce Medina Quintanilla, aprobó más de 70 pensiones que ahora se suman al pasivo laboral al que ayer se refirieron los trabajadores sindicalizados de ese municipio.