En la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, las y los diputados del Congreso aprobaron el dictamen de la reforma al Código Penal que aumenta las penas a los maltratadores de animales en el Estado.
Posteriormente, el presidente de la Comisión, Héctor García Chávez, solicitó que el dictamen fuera incluido en la sesión ordinaria que el Pleno llevó a cabo, en primera lectura, para que finalmente el decreto sea votado en la siguiente plenaria.
El avance que tuvo la propuesta que grupos y asociaciones defensoras de los derechos de los animales promovieron entre los integrantes de la LIV Legislatura en noviembre de 2020 ocurrió a solo 48 horas de que un juzgado especializado vinculó a proceso por primera vez en Morelos a una persona tras haber sido denunciada por el delito de maltrato animal y amenazas.
Se trata del caso de “Ela”, la perrita que también el pasado mes de noviembre fue rociada con ácido por Gabriel “N”, vecino de Montecasino, Huitzilac, quien ahora enfrentará el juicio penal iniciado en su contra.
Este caso motivó a asociaciones como “Animal Heroes” a iniciar una campaña de apoyo para el endurecimiento de las penas con el hashtag #JusticiaParaEla, que recabó 38 mil firmas a favor. La iniciativa para reformar el artículo 327 del Código Penal fue promovida ante el Pleno del Congreso por los diputados Héctor García Chávez, Alejandra Flores y Cristina Sánchez Ayala.
Esta iniciativa se retroalimentó con dos más que fueron promovidas por separado por las diputadas Rosalina Mazari Espín y Ana Cristina Guevara Ramírez.
Con las reformas y adiciones se tipifica el maltrato y crueldad animal como delito, estableciendo penas de tres meses a cuatro años de prisión y multa de 50 a 500 veces unidades de medida y actualización diaria vigente.
Se establecen hasta ocho años de prisión en caso de reincidencia o publicación en redes sociales, además que se agregan diversas hipótesis como faltas administrativas, por hechos similares; todo ello para el caso de los animales doméstico, pues los llamados “salvajes” están protegidos por normas federales. Se dejan a salvo tradiciones ancestrales como las peleas de gallos o los jaripeos.