Atril: Expediente de impunidad

Cuatro años de la administración de Enrique Peña Nieto heredaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la puesta en libertad, por haber sido torturados, de un puñado de presuntos responsables. Acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero, permanecen presos el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Esto y la orden de aprehensión contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, sobre el que hay una ficha roja de la Interpol por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia, subrayan el caso Iguala. También, la reciente declaración del  subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, que la semana pasada dieron a conocer que próximamente se consignará un expediente en contra de peritos que manipularon evidencia… El septiembre de 2014 no se olvida. La desaparición forzada de Iguala fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de ese mes y la madrugada del 27 del mismo, en el que la policía municipal persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Según la Fiscalía de Guerrero, el 27 fueron detenidos 280 agentes de la policía municipal de Iguala, de los cuales quedaron en calidad de indiciados 21 por su presunta participación en los hechos. Tras los ataques, el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca declaró que no tenía conocimiento de lo ocurrido al instante, ya que cuando sucedieron él se encontraba en un baile por el informe de su esposa María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal. Inicialmente dijo que no renunciaría y se manifestó dispuesto a que lo investigaran, pero el 30 de septiembre acudió al Ayuntamiento para solicitar una licencia, poder ausentarse del cargo por un mes y enseguida desaparecer junto con su cónyuge. Al día siguiente, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció la orden de presentación en contra del ex alcalde y el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, primo de José Luis Abarca. El 4 de octubre, la Procuraduría General de la República atrajo el caso de los normalistas desaparecidos, y el gobierno de Peña Nieto decidió que la seguridad en Iguala quedara a cargo de la Policía Federal y el Ejército Mexicano. Rápidamente la desaparición de los normalistas generó numerosas expresiones de repudio nacional hacia el presidente Peña, hubo manifestaciones en universidades de todo el país denunciando su incapacidad para dirigir la nación y su indiferencia frente a la atrocidad de Iguala. Las expresiones de repudio al ex mandatario continuarán ad infinitum…  A PROPÓSITO del aniversario 256 del natalicio de José María Morelos, mañana, la propuesta del columnista que quedó en el tintero. Se trata de hacer un nuevo monumento al Generalísimo y reponer la estatua que fue vandalizada en diciembre de 2012, cuando manos criminales decapitaron el caballo de bronce en la pequeña explanada de la autopista Cuernavaca-CDMX, le amputaron las patas, cortaron la base y se llevaron la pedacería de metal para venderla. ¿Cómo? Por medio de una colecta popular, o que organizaciones no gubernamentales se lo pidan al presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves que estará en Jojutla… (Me leen mañana).