Buscan candidatos limpiar su pasado; quieren evitar impugnaciones

Buscan candidatos limpiar su pasado; quieren evitar impugnaciones

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miércoles, 03 abril 2024
Noticias

Autoridades municipales que buscan la relección o un nuevo cargo de elección en el proceso electoral 2023-2024 promovieron ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) una cascada de juicios de nulidad de multas o sanciones económicas que les hayan sido impuestas, con el propósito de limpiar sus expedientes y evitar que puedan ser inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, o que puedan ser impugnados en caso de que obtengan el triunfo.

El magistrado presidente del órgano jurisdiccional, Guillermo Arroyo Cruz, aseguró que por esa causa, la carga laboral que se distribuye entre las salas de instrucción aumentó 20% durante el primer trimestre de este 2024.

“El año electoral trae como consecuencia que muchos servidores públicos que arrastran multas, impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, o la Secretaría de Hacienda, vengan a nosotros para buscar su nulidad para no estar en el buró de deudores”, expuso el magistrado.

Explicó que las multas, principalmente para presidentes municipales, convertidas en créditos fiscales ante la Secretaría de Hacienda, pueden ser por incumplir con el pago de algún laudo, o por desacatar una resolución para pagar pensiones por viudez u orfandad.

En este último caso, es cuando las autoridades municipales que se niegan al pago de una pensión, pueden convertirse en deudoras alimentarias morosas de forma indirecta por negarse a emitir el pago de la pensión que garantice la manutención de un menor, por ejemplo.

El juicio de nulidad se basa en alguna omisión que la autoridad hacendaria haya cometido en el proceso de requerimiento del pago del crédito fiscal y que a los implicados les puede servir para intentar librarse, de esa manera, de la deuda y, en consecuencia, limpiar su expediente.

Agregó que, además del motivo electoral, por el que los servidores públicos buscan nulificar las multas impuestas, también lo hacen porque una vez que la sanción se convierte ante la Secretaría de Hacienda en un crédito fiscal, quedan imposibilitados para realizar trámites ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) relativos a los vehículos de su propiedad, los cuales, de alguna manera, han quedado así, en prenda por la deuda que mantengan con Hacienda, abundó. 

Sofia Gil

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