El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), encargado de imponer a los ayuntamientos el pago de laudos o pensiones relacionadas con personal de seguridad pública, fue obligado por un juzgado a pagar un retroactivo de casi dos millones de pesos, por una pensión dorada. Además, a partir de este año, el Tribunal deberá pagar pensión a otros dos ex magistrados que lograron el beneficio de la pensión vitalicia.
Ayer, el magistrado presidente, Guillermo Arroyo Cruz, dijo que en este momento no cuentan con los recursos para cumplir con el costo del aumento de la nómina de pensiones y jubilaciones, por lo que dijo que se verán forzados a solicitar al Gobierno del Estado una ampliación presupuestal.
En junio de 2021 falleció el magistrado en retiro, Orlando Aguilar Lozano y su esposa demandó el pago de la pensión por viudez; en un primer momento el TJA acordó pagarle el mínimo vital de ley, equivalente al 30% de la pensión que su cónyuge recibía desde abril de 2018; este mismo porcentaje le fue autorizado por el Congreso, más tarde.
La beneficiaría de la pensión por cesantía en edad avanzada del magistrado inició diversos juicios de amparo que finalmente se resolvieron a su favor y la justicia federal ordenó al Congreso modificar el decreto de pensión y otorgar lo reclamado por la beneficiaria.
En términos de la Ley del Servicio Civil, el monto máximo autorizado fue el equivalente a 300 salarios mínimos vigentes, retroactivos a la fecha del fallecimiento del magistrado, es decir de abril de 2021 a la fecha.
