La última palabra sobre cuál debe ser el monto del presupuesto para el Poder Judicial la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicó Rubén Jasso Díaz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), luego de que el Congreso dio por atendida la sentencia.
El representante del Poder Judicial recordó que el espíritu de la reforma que se impulsó durante la administración panista del ex gobernador Marco Adame Castillo fue que el presupuesto con el que opera el aparato encargado de la impartición de justicia en la entidad fuera más cada año.
Proporcional, en un 4.7% anual al aumento del gasto programable del Gobierno del Estado, indicó.
Por lo que luego de que el presidente del Congreso, diputado Erick Francisco Sánchez Zavala, informó que a través de la Dirección Jurídica se informó al máximo tribunal del cumplimiento de la sentencia, el magistrado dijo que eso está por verse.
De acuerdo con una infografía del Presupuesto de Egresos de la Federación, el gasto programable es el que “se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población” y, por su naturaleza se divide en gasto de inversión y gasto corriente.
Según el informe que la Presidencia del Congreso remitió a la SCJN con fecha 10 de enero, el 2021, el Poder Judicial recibió 49 mdp extraordinarios al cálculo del 4.6% del gasto programable de ese año, estimado en 510 mdp.
Empero, desde el análisis del Poder Judicial, el importe anual del 4.6% debió equivaler a más de mil mdp, motivo de la polémica actual.
“Si nosotros no llegamos a un convencimiento, entre los poderes, de cuál debe ser la autonomía financiera del Poder Judicial, la última palabra la tendría la Corte.” Magistrado Rubén Jasso Díaz, Presidente del TSJ
