La Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del Estado protegió al magistrado Rafael Brito Miranda, al desechar la solicitud de formación de causa penal en su contra, solicitada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El presidente del órgano político, diputado Alejandro Martínez Bermúdez, presentó ante el Pleno el dictamen en negativo de la petición de la Fiscalía, en la sesión del pasado jueves.
En la lectura del tema, incluido en punto del orden del día correspondiente a comunicaciones recibidas, no se expusieron los motivos por los que la solicitud fue descartada, pero cancela cualquier intento de acción legal que la Fiscalía Anticorrupción quiera llevar a cabo contra el magistrado por las presuntas “conductas y omisiones graves durante el ejercicio de su cargo”, de las que fue señalado y que, desde el punto de vista de la dependencia, “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
El fiscal de Delitos Diversos de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba, presentó al Congreso los oficios de petición, a principios de año, mismos que fueron hechos del conocimiento de los integrantes de la Legislatura hasta el 31 de enero, durante la sesión de la Diputación Permanente.
Los oficios fueron turnados a la JPyG para calificar si la solución de formación de causa contra el magistrado cumplía los requisitos legales; con el dictamen en negativo, se presume que los diputados consideraron que no, y en automático se cancela la posibilidad de que la Comisión de Gobernación y Gran Jurado entrara al análisis.
Desde finales de 2023, la Fiscalía abrió un expediente a nombre del magistrado e inició acciones legales en su contra, pero debido a que argumentó contar con fuero constitucional, se solicitó la intervención del Congreso para, en todo, caso, suspender dicha protección.
Rafael Brito fue acusado de ostentarse como maestro en Derecho y de firmar documentos oficiales con ese cargo, presuntamente a pesar de no contar la cédula profesional que le daría esa autoridad.
Después del señalamiento, en una sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado lo negó y exhibió ante sus compañeros las presuntas pruebas a su favor.
ANTONIETA SÁNCHEZ / [email protected]
