El próximo 1 de mayo inicia el plazo para que los servidores públicos cumplan con la presentación de su declaración de situación patrimonial y el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) exhortó de manera especial a los empleados de educación y de los servicios de salud a cumplir con la obligación.
El tema fue abordado ayer en la sesión que los integrantes del SEA llevaron a cabo, donde se puntualizó que el nivel de cumplimiento con la declaración en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es menor al 50%.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que el periodo para la presentación de la declaración es el mes de mayo y todos los trabajadores gubernamentales que hayan laborado en 2023, están obligados.
En el caso de los ayuntamientos, ante la Contraloría Municipal; en el Estado, ante la Secretaría de la Contraloría; en el caso del Congreso, ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, y en el caso de organismos autónomos, ante el órgano de control interno.
El artículo 40 de la Ley refiere que los servidores públicos deben proporcionar información que permita a las instancias señaladas verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.
El tema de fondo del procedimiento es detectar posibles irregularidades en el estatus de vida de los servidores, como parte del combate de la corrupción, señalaron los integrantes del SEA.
El Sistema Estatal Anticorrupción lo integran los titulares de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Secretaría de la Contraloría, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Fiscalía Anticorrupción, Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), contralorías municipales y el Consejo de Participación Ciudadana (CPC).
