La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negó al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) la suspensión del pago de una pensión dorada, retroactiva a abril de 2021.
El presidente del Tribunal, Guillermo Arroyo Cruz, promovió ante la Corte la controversia constitucional, número 38/2024 contra los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la finalidad de reclamarles una ampliación presupuestal que le permita el pago de dicha pensión, cuyo decreto fue aprobado por los diputados y publicado por el Gobernador.
Como parte del trámite, el magistrado pidió a la Corte que, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia, es decir, que los ministros ordenen que se dote al TJA de los recursos suficientes para cumplir con el pago de la pensión, se declarara la suspensión de la vigencia del decreto por insuficiencia financiera.
Pero el incidente de suspensión le fue negado y, en estricto sentido, tendría que acatar el pago de la pensión que fue reclamada por la viuda del ex magistrado Orlando Aguilar Lozano.
Como se informó, en junio de 2021 falleció el magistrado en retiro, Orlando Aguilar Lozano y su viuda demandó el pago de pensión por viudez.
Tras varios juicios, un juzgado ordenó al TJA pagarle una pensión por viudez equivalente a 300 salarios mínimos, retroactivos a la fecha del fallecimiento del magistrado, quien en 2018 se había retirado con pensión vitalicia.
El importe que el TJA adeuda a la viuda oscila en los dos millones de pesos, pero, además, desde finales de 2023, otros dos magistrados, Alberto Estrada y Martín Jasso, se retiraron con una pensión vitalicia autorizada por el Congreso, después de varios años de litigarla en tribunales.
Esta es la razón por la que el presidente del TJA asegura que en el presupuesto de 2024 no está incluido el aumento sustancial que tuvo la nómina de pensionados y jubilados y ahora, igual que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), litiga ante la Corte más recursos económicos para el pago de las pensiones anuales millonarias.
ANTONIETA SÁNCHEZ / [email protected]