De todo el rezago que había en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) sólo se pudo solicitar acción legal contra el probable desvío de 45.7 mdp de dinero público, correspondientes al ejercicio fiscal 2021.
La posibilidad de fincar responsabilidades a ex servidores públicos por irregularidades y/o probable enriquecimiento ilícito a cargo del erario de años anteriores a 2021, ya prescribió, informó el auditor, José Blas Cuevas Díaz.
Lo anterior, al informar que a partir de este mes, los ciudadanos podrán presentar denuncias anónimas, a través de un sistema remoto que opera desde la página web de la entidad fiscalizadora, en el que se puede reportar cualquier irregularidad que se detecte en la forma en la que las autoridades ejercen los presupuestos.
Cuevas Díaz precisó que las acciones legales referidas se solicitaron ante el Tribunal de
Justicia Administrativa (TJA), luego de que los informes de resultados fueron remitidos al Congreso y aprobados por el Pleno, a finales de 2023, aunque no aclaró cuáles son las autoridades que figuran como probables responsables.
Asimismo, agregó que los informes de resultados de auditorías de años anteriores a 2021, prácticamente quedaron sin efectos legales, luego de que el trabajo de revisión en la ESAF estuvo detenido durante varios años, cuando la responsable era América López, y los plazos legales se agotaron.
Ahora, apuntó que la dependencia ha retomado su labor de fiscalización y espera que la revisión de la cuenta pública de los años 2022 y 2023 concluya en tiempo; también dijo que en breve concluirán auditorías especiales.
El auditor informó que en 2023 se realizó una inversión de 5 millones de pesos en la rehabilitación de las oficinas que ocupa la ESAF para dignificar su labor y se habilitó la denuncia anónima, con el objetivo de que los ciudadanos participen de forma más activa y el organismo pueda atender probables irregularidades de forma inmediata, sin esperar los plazos que establece la Ley de Fiscalización.
