La popular agrupación de regional mexicano Los Alegres del Barranco se encuentra en el ojo del huracán tras revelaciones de la Fiscalía de Jalisco. Lo que comenzó como una investigación por apología del delito, a raíz de la interpretación de temas que enaltecen a líderes criminales, ha escalado a un caso de presunto uso de empresas fachada y recursos de procedencia ilícita, poniendo en riesgo no solo su reputación, sino también su capacidad para operar.
El concierto que ofrecieron en el Auditorio Telmex el pasado 29 de marzo en Zapopan, Jalisco, es el epicentro de la polémica. Según Salvador González de los Santos, fiscal del estado, la revisión de los contratos de dicha presentación sacó a la luz irregularidades en la constitución de la empresa que los contrató. “Se advirtieron algunas actas constitutivas al parecer de empresas fachadas”, indicó el fiscal, señalando que las personas que figuran en esos documentos no se dedican a la producción o promoción de conciertos.
Ante estos hallazgos, la Fiscalía ha asegurado 5.8 millones de pesos, la cantidad generada por el concierto, y solicitará la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto significa que la investigación podría extenderse a un nivel federal, profundizando en el presunto “uso de recursos de procedencia ilícita”.
Más allá de los problemas financieros, Los Alegres del Barranco también enfrentan la carpeta de investigación por apología del delito. La Fiscalía considera que las ganancias del concierto podrían estar vinculadas a esta conducta, que, aunque tiene una baja penalidad, es vista como un “agravio social” y no contempla una “salida alterna” en el Código Penal.
A pesar de la compleja situación, los integrantes del grupo han expresado su postura pública. Días después de que se dieran a conocer las primeras indagatorias, Los Alegres del Barranco confirmaron un concierto en Jalisco, declarando su derecho a dar show: “Somos libres de dar show”, afirmaron en medio de la polémica.
Sin embargo, las autoridades son cautelosas. Aunque el gobernador Pablo Lemus sugirió una posible negociación para que la agrupación emitiera mensajes distintos a cambio de reducir su responsabilidad penal, el fiscal González de los Santos aclaró que, si bien el delito de apología no permite una salida alternativa, la baja penalidad sí podría abrir la puerta a una “suspensión condicional del proceso”, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.
La situación legal de Los Alegres del Barranco es un recordatorio de los crecientes desafíos que enfrentan los artistas del regional mexicano que interpretan narcocorridos en México, donde las autoridades buscan cada vez más frenar la apología del delito y la posible vinculación con actividades ilícitas. La investigación continúa y el futuro de la agrupación pende de un hilo, mientras la música se ve envuelta en un entramado legal y financiero.
