La verificación que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) debe hacer dos veces al año, de los datos que las dependencias gubernamentales están obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, tiene un importante rezago a pesar de que el órgano autónomo cuenta ahora con más comisionados, más personal y más recursos económicos.
Una revisión de la información que el IMIPE compartió en sus redes sociales sobre el trabajo que realiza el Pleno, confirma que, a la fecha, la dependencia no ha completado la primera verificación de 2023 para los 181 sujetos obligados por la Ley de Transparencia.
El periódico oficial “Tierra y Libertad” del 24 de mayo de 2023 dio cuenta del acuerdo sobre el inicio del primer periodo de verificación de ese año.
Después de 26 sesiones, entre mayo de 2023 y enero de 2024, se dio cuenta de la verificación de 145 de los 181 sujetos obligados, con observaciones sobre algunos por incumplimiento, y de errores cometidos por el personal de la institución en la labor de revisión.
Para esa primera etapa incompleta, el IMIPE dispuso de ocho meses, los cuales no se apegan al tiempo legal en el que debería cumplir para avanzar con la segunda verificación del año, confirmaron los documentos publicados por el órgano tanto en su cuenta en Facebook, como en la transmisión de las sesiones del Pleno en Youtube y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En 2018, el Pleno del IMIPE paso de 3 a 5 comisionados, como resultado de otro de los excesos que cometió la LIII Legislatura para dejar en el cargo a gente allegada a los diputados en funciones; así, el ahora presidente del Pleno, Marco Antonio Alvear Sánchez, y el comisionado Roberto Yáñez Vázquez, se hicieron del cargo por cuotas entregadas a los entonces diputados Mario Chávez (PRI) y Roberto Yáñez (PSD).
Alvear Sánchez ha librado, desde que se incorporó al organismo, una batalla legal para cobrar, a como dé lugar, 3.5 mdp por los 30 meses que estuvo impedido para ejercer el cargo por las acciones legales del mismo IMIPE y de la siguiente legislatura del Congreso, contra su nombramiento, en la cual ha estado más interesado, que en cumplir el trabajo.
El artículo 57 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala que el Instituto debe realizar dos verificaciones por año, entonces nos encontramos con que estaría atrasado con las dos de 2023 y una del 2024.
Lo que infiere que, además de los asuntos de interés personal del presidente, el conjunto del Pleno, integrado por Xitlali Gómez Téran, Hertino Avilés Albavera, Roberto Yáñez Vázquez y Patricia Flores Carreño, tampoco tiene interés en hacer cumplir el derecho ciudadano a la información pública.
En todo caso, aprovechan al instituto como plataforma para otros cargos, como es el caso de Avilés Albavera, que se inscribió en la convocatoria para la designación de magistrados electorales federales, pero fracasó, y actualmente está inscrito en la convocatoria para magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Fuentes: página de Facebook Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Canal de YouTube “imipetv” y Plataforma Nacional de Transparencia.
Artículo 64 de la Ley de Transparencia: “Corresponde al Instituto vigilar que las obligaciones de transparencia que publiquen los Sujetos Obligados cumplan con lo dispuesto en el presente Título y demás disposiciones aplicables. Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los requerimientos, recomendaciones u observaciones que formule y los términos y plazos en los que los Sujetos Obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar”.